La regulación de cajas de ahorro en Madrid está más cerca, gracias a que hoy el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, ha aprobado hoy la remisión al CES del anteproyecto de Ley de Cajas de Ahorros de la Comunidad de Madrid, que modifica la Ley 3/2004, con el que se reduce y limita la representación del sector público en los órganos de gobierno, en aras a profesionalizar su gestión.

Además en este anteproyecto de Ley de Cajas de Ahorro, se introducen las nuevas estructuras que pueden adoptar las cajas y se potencia la Obra Social, en su forma actual o bajo las nuevas estructuras que puedan crearse (fundaciones de carácter especial), que

quedarán bajo protectorado de la Administración autonómica.

La nueva Ley incorpora también la nueva regulación estatal de las cuotas participativas a la normativa autonómica para que, además de los derechos económicos, se regulen los derechos políticos y de gestión que también les corresponden a los cuota-partícipes (nuevos accionistas privados), según explicó el vicepresidente, consejero de Cultura y Deporte y portavoz, Ignacio González.

Como ya se ha indicado, se incorporan a la Ley autonómica las nuevas figuras que puedan crearse como consecuencia de los procesos de modificación estructural de las cajas de ahorros. En este sentido, se regulan los Sistemas Institucionales de Protección (SIP), el ejercicio indirecto de la actividad de las cajas a través de entidades bancarias (es decir entidades cuya gestión financiera sea llevada a cabo por un banco y cuya obra social la siga gestionando la caja), y la transformación de las cajas en fundaciones de carácter especial (por propia decisión o porque las acciones de la Caja en el banco se reducen por debajo del 50%).

Todas estas modificaciones, tras los necesarios acuerdos tomados en los órganos de gobierno de las cajas –Asamblea General-, quedan sujetas a la pertinente autorización por parte de la Comunidad de Madrid.

Por otra parte, se prevé que se anotarán en el Registro de cajas de ahorros todas estas modificaciones estructurales. Sobre los SIP, cabe destacar que ya que la caja desarrolla de forma indirecta su actividad en los territorios comunes de un SIP, se garantiza la representación de estos territorios en la configuración de los órganos de gobierno de la caja.

Limitación de la representación pública e incompatibilidades El anteproyecto de Ley modifica la composición y el régimen jurídico de los órganos de gobierno de las cajas de ahorros, para evitar injerencias ajenas a los intereses propios de las cajas y de su finalidad benéfico-social.

Para ello, se limita la representación pública hasta un máximo del 40%, porcentaje que se redistribuye entre los diferentes sectores de representación, incrementándose en el caso de los impositores y disminuyendo el de las corporaciones municipales en un 1,5%. Por tanto, este anteproyecto de Ley recoge la misma limitación de la representación pública establecida en el Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio.

Por otra parte, se establece que los consejeros generales del sector de entidades representativas se distribuirán por comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía en las que la Caja tenga abiertas oficinas en proporción a la cifra de depósitos captados por cada Caja en cada una de ellas.

También se determina que el sector de las entidades representativas, que antes estaba formado por el Consejo Económico y Social, Universidades públicas y privadas, la Cámara de Comercio, Industria y Navegación y por otras fundaciones, asociaciones o corporaciones de carácter cultural, científico, benéfico, social, cívico, económico o profesional de interés para la caja de ahorros en su ámbito de actuación o de reconocido arraigo en las comunidades autónomas, estará conformado ahora por organizaciones empresariales y sindicales, por la comunidad universitaria de la Comunidad de Madrid, por entidades en representación del sector comercial e industrial, y por el resto de fundaciones, asociaciones o corporaciones antes citadas.

Incompatibilidad con altos cargos y acreditación de experiencia. Los consejeros no podrán ser cargos políticos electos o altos cargos de la Administración o del sector público, y al menos la mitad de los vocales del Consejo de Administración y la totalidad de los miembros de la Comisión de Control deberán acreditar conocimientos y experiencia en el sector. Así, de acuerdo a la normativa básica, se suprime el representante autonómico en la Comisión de Control de las cajas de ahorro.

Además, la Ley introduce la incompatibilidad de la presidencia ejecutiva y la dirección general de las cajas con cualquier otra actividad retribuida y se endurece el régimen de incompatibilidades en la percepción de retribuciones. De esta forma, se regula como incompatible percibir simultáneamente retribuciones del SIP y de las diferentes Cajas que lo pueden constituir.

Por otra parte, el anteproyecto transcribe lo recogido en la Ley estatal, sobre el período máximo de 12 años de mandato de los miembros de los órganos de gobierno. Los que se renueven con posterioridad a la publicación del RDL estatal no pueden superar dicho límite salvo que se produzca un proceso de integración o fusión, en cuyo caso se permitiría superarlo hasta agotar el mandato.

Aplicación de la Ley

Una vez que se aprueben sus estatutos, Caja Madrid tendrá dos meses para reducir la representación pública al 40%. En una primera fase, la Cámara de Comercio cederá su representación a las entidades que ejerzan actividades comerciales, industriales o de servicios en la Comunidad de Madrid. En el mismo plazo, las entidades representativas

de carácter público que pudieran originar que se sobrepase el 40% establecido por la legislación estatal, deberán ser sustituidas.

Las modificaciones que incluye este anteproyecto de Ley no interferirán la gestión de las cajas, por lo que no se procederá a adelantar los procesos electorales previstos, como el que se desarrollará en 2012 para la renovación de los sectores de impositores y empleados de Caja Madrid, sino a la adaptación paulatina de los diferentes sectores de

representación en los órganos de gobierno de las cajas.

Por último indicar que con el objetivo de asegurar el adecuado desarrollo de la obra social, la Ley garantiza que las cajas de ahorros que ejerzan su actividad en la Comunidad de Madrid desarrollen obras sociales en proporción a los recursos captados en la región y de acuerdo con las directrices de la Comunidad de Madrid. Asimismo, la Ley prevé que independientemente de las modificaciones estructurales que puedan sufrir las cajas, las entidades resultantes deben continuar con la obra social, destinando los mismos porcentajes previstos en la legislación.

Para garantizar su cumplimiento, se refuerzan las funciones de la Comisión de Obra Social, que contará con un representante de la Comunidad de Madrid, y se la vincula a la Asamblea General de la caja. Asimismo, la Ley regula que el presupuesto de las fundaciones que las cajas pueden crear para desarrollar obras sociales debe ser autorizado por la Comunidad de Madrid y supervisado por la Asamblea General.

Para más información:

Variantes distintas de cajas de ahorros por su naturaleza, estructura y forma de capitalización tras la nueva ley de Cajas

Caja de ahorros tradicional:
Las cajas de ahorros podrán seguir con su actual configuración, aunque deberán modificar sus estatutos de acuerdo con las modificaciones en el gobierno corporativo que impone la nueva legislación: exclusión de cargos políticos electos de sus órganos de administración en 2013 como fecha límite y la reducción de la presencia de las instituciones públicas al 40% como máximo de los órganos de gobierno (actualmente puede llegar al 50%). Sin embargo, de las 45 cajas que había hace un año sólo 15 siguen hoy fieles al modelo tradicional de cajas, bien en solitario o tras fusionarse con otras. Estas 15 entidades mantendrán, como hasta ahora, bajo su control directo el 100% de su actividad financiera.
El resto (otras 25) ya han optado por otro modelo, que incluye un banco en su estructura de grupo. Se trata de las que participan en proyectos de “fusión virtual”, que entrañan el mantenimiento de cada caja pero cediendo una parte de su actividad financiera a una entidad central. Todas estas cajas (tanto las que conserven el 100% de su actividad financiera como las que opten por mancomunar una parte del negocio en un banco central de cuyo capital sean accionistas) tendrán ante sí tres variantes en la configuración de su naturaleza, según opten o no por emitir cuotas participativas.

Cuotas participativas:
Las cuotas participativas son títulos que las cajas pueden colocar entre inversores y que cotizan en Bolsa. Las cajas, a diferencia de los bancos, carecen de accionistas y, por lo tanto, no podían ampliar capital apelando al mercado. Las cuotas participativas se crearon en 2004, pero tenían restricciones severas. Una es que ningún inversor podía comprar una cifra superior al 5% del capital de cada caja. La otra, que las cuotas daban derecho a cobrar una remuneración (equivalente al dividendo de las acciones) pero no participar o estar representado en los órganos de gobierno de la entidad. Hasta ahora sólo la caja alicantina CAM había emitido este tipo de títulos.
A partir de ahora, las cajas tendrán a su alcance tres vías: tendrán la posibilidad de no emitir cuotas participativas y, si las emiten, podrán decidir libremente si las dotan sólo de derechos económicos (remuneración) o también de derechos políticos. Los cuotapartícipes no tendrán limitada la suscripción de títulos por cada inversor, pero el total de las cuotas no podrá superar el 50% del capital de la caja.

SIP:
Veinticinco cajas participan actualmente en seis proyectos de SIP (Sistema Institucional de Protección). Es lo que se conoce como “fusión virtual” o “fusión fría”. Consiste en que varias cajas se integran en un grupo nucleado en torno a una sociedad anónima (banco), del que serán accionistas. El negocio comercial y minorista lo siguen desarrollando las cajas y el resto de la actividad, el banco. Las cajas tendrán que tener al menos el 50% del banco. El resto de las acciones de la sociedad anónima se puede colocar entre otros inversores o en Bolsa. Es una opción adicional de capitalización que se suma a la emisión de cuotas participativas por las cajas.

Ceder actividad a un banco:
Una caja en solitario también podrá ceder el ejercicio de la actividad financiera típica a un banco filial, de forma que la caja acometerá esta función de manera indirecta, pero en este caso la caja también deberá conservar el 50% del capital del banco.

Convertirse en fundación:
Las cajas podrán optar por dejar de serlo y convertirse en fundaciones. Es lo que acaba de hacer la caja manchega CCM. Esta opción será obligatoria cuando una caja que haya cedido su actividad financiera a un banco filial reduzca su participación en él por debajo del 50% de su capital. También estarán obligadas a dejar ser cajas de ahorros y convertirse en fundaciones aquellas cajas que participen en una sistema institucional de protección (SIP) y que, en conjunto, no reúnan al menos el 50% del capital social del banco que actúe como sociedad central y de cabecera de esa “fusión fría” o “fusión virtual”.
La reforma abre, pues, a las cajas siete vías distintas por las que podrán transitar según la opción estratégica que elija cada una. En la práctica esas opciones serán menos. Será difícil, por ejemplo, que una caja pueda colocar en el mercado cuotas participativas sin derechos políticos (posibilidad de voto, de elección y de representación del capital privado en los órganos de gestión de las cajas) cuando otras cajas añadan esta ventaja a ese mismo tipo de títulos.
La entrada de capital privado con derecho de voto en las cajas y la posibilidad de ceder la gestión del negocio financiero a un banco filial que también podrá admitir a socios ajenos constituyen una verdadera revolución en el sector. También lo serán sus consecuencias de tutela legal y administrativa. Aunque las cajas seguirán estando bajo la supervisión del Banco de España, la tutela de los bancos participados por las cajas no dependerá de la comunidad autónoma, sino del Ministerio de Economía.

Fuente: levante-emv.com

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La nota autocancelable semanal cupón 15 II es un nuevo producto de inversión que acaba de lanzar el Deutsche Bank, el cual liga su rentabilidad a tres grandes valores europeos como son: British Petroleum, Telefónica y Banco Santander.

Esta nota autocancelable semanal cupón 15 II, nos ofrece una rentabilidad superatractiva del 15% y la devolución del 100% de la inversión siempre y cuando, a partir del primer mes, en alguna fecha de observación semanal (esta observación se realizará cada miércoles a partir del próximo 14 de abril) los tres valores a los cuales hace referencia este producto, ha experimentado una subida del 5% o más a su valor inicial de referencia, este valor inicial de referencia, será la cotización de estos valores a día 10 de marzo de 2010.

Indicar que este producto tiene una fecha de vencimiento del 10 de marzo de 2013, si llegada esta fecha, y este producto siguiera vigente porque no se hubiera autocancelado en ninguna revisión semanal, al no alcanzar nunca esa subida semanal 5%, este producto nos pagará un cupón del 15%, aparte de devolvernos el 100% de la inversión que nosotros hubiéramos realizado, ahora bien, también hay un riesgo, puesto que si alguno de los valores a los que está referenciado (British Petroleum, Telefónica y Banco Santander), hubiera experimentado un descenso de más del 40% con respecto a su valor de referencia inicial del 10 de marzo de 2010, no cobraríamos ningún cupón, es decir no obtendríamos ninguna rentabilidad, y además se nos produciría una pérdida en nuestra inversión, que sería equivalente, al descenso que hubiera sufrido la acción con peor evolución de las tres a las que está referenciado.

Por último indicar que este producto puede contratarse desde un importe mínimo de 5.000 euros, y estará disponible para su comercialización hasta el próximo día 08 de marzo.

En resumen un producto para inversores que estén dispuesto asumir riesgo a cambio de una muy alta rentabilidad, aunque lo del riesgo, al estar referenciado a estos grandes valores, es bastante controlado, aunque nunca se sabe, yo lo calificaría como un riesgo moderado, para un inversor con un perfil moderado de riesgo. En todo caso una buena y atractiva posibilidad para obtener una buena rentabilidad.